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DECLARACIÓN DE MURCIA DEL CONSEJO AUTONÓMICO DE LA CNSE.

Murcia, a 24 de noviembre de 2017

El Consejo Autonómico de la CNSE, Confederación Estatal de Personas Sordas, en la reunión celebrada en la ciudad de Murcia el 24 de noviembre de 2017, coincidiendo este año con el décimo aniversario de la promulgación de la Ley 27/2007, de 23 de octubre por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, impregnados del espíritu que las personas sordas expresaron en la Marcha del pasado 30 de septiembre por el Día Internacional de las Personas Sordas, y recogiendo sus demandas e inquietudes

MANIFIESTA:

Que una visión integral, no parcializada ni reduccionista de las personas sordases crucial. Para la CNSE y su movimiento asociativo es importante tener en cuenta este aspecto, ya que la dicotomía lengua de signos española y catalana vs. medios de apoyo a la comunicación oral no es real y coloca a las personas sordas y sordociegas en posiciones más vulnerables teniendo en cuenta, además, la libertad de elección tal y como se especifica en la ley 27/2007. Utilizar la lengua de signos y usar audífonos, implantes cocleares, subtitulado o cualquier otra ayuda técnica para la comunicación no son opciones excluyentes entre sí.

La lengua de signos es una lengua natural en el sentido de que ha emergido y evolucionado en el seno de la comunidad lingüística usuaria con independencia de las lenguas orales en las comunidades lingüísticas usuarias de la misma región o país. La naturaleza de la lengua de signos va más allá de la vertiente de elemento de promoción de la accesibilidad y la participación social.

El reconocimiento del derecho a aprender, conocer y usar la lengua de signos española y catalana, tal y como se aborda en la ley 27/2007, implica necesariamente adoptar medidas para la protección y promoción de la identidad lingüística. Esto significa tomar en consideración la defensa de la lengua de signos en España como expresión del patrimonio cultural de la ciudadanía. Cualquier desarrollo normativo tiene que explicitar de forma contundente la intención de proteger y promocionar la lengua de signos para su salvaguarda, propiciando su estudio, difusión y aprendizaje a la ciudadanía con criterios de calidad.

La incorporación de las lenguas de signos españolas en el sistema educativo es una de las mayores demandas y preocupaciones del movimiento asociativo de la CNSE. Se requiere, por tanto, desarrollar la normativa oportuna acerca de las medidas, procedimientos y apoyos para su efectiva incorporación en el sistema educativo, tal y como se desprende en el Capítulo I del Título II de la ley 27/2007. El movimiento asociativo de la CNSE considera vital la necesidad de desarrollar las condiciones mínimas para el aprendizaje de la lengua de signos en los centros educativos, que regule aspectos como las garantías para el alumnado, el apoyo a las familias, la planificación y provisión de recursos, el necesario diseño curricular y la dotación estructural.

Al movimiento asociativo de la CNSE le preocupa enormemente la consideración sobre la figura del especialista en lengua de signos, que se ha encargado desde los años setenta de enseñar y transmitir formalmente esta lengua. Por tanto, se requiere abordar con celeridad su regulación y cualificación profesional, explicitando medidas en el desarrollo normativo.

Y, en muestra de esta responsabilidad adquirida con las personas sordas y en representación de las 18 federaciones y asociaciones autonómicas que integra y de las 114 asociaciones federadas a ellas, firman esta Declaración de Murcia, para que quede constancia la asunción de este compromiso como miembros de los órganos de representación, gobierno y consulta de la CNSE y sus miembros asociados.